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Ven ong amenazas graves en Ley de Seguridad Interior

05 Diciembre 2017
Ven ong amenazas graves en Ley de Seguridad Interior

La Ley de Seguridad Interior, que fue aprobada el pasado jueves 30 de noviembre por los diputados federales, ha dado mucho de qué hablar en todo el país, ante esto el gobernador del estado de Durango, José Rosas Aispuro Torres, señaló estar de acuerdo sobre dicha ley y afirmó que no se estaría militarizando al país.

Aispuro Torres, recalcó que La Ley de Seguridad Interior, es un instrumento jurídico que hacía falta, ya que la precedencia de las fuerzas militares contribuirá con otras dependencias que se dedican a salvaguardar la integridad de las familias como es el caso de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y la Dirección Municipal de Seguridad Pública (DMSP).

Los policías explicó, se capacitan como servidores públicos para preservar la vida, el orden y la paz, y utilizan la fuerza como último recurso, mientras que los elementos del ejército están entrenados para el combate y esta Ley dijo, puede representar un retroceso en derechos humanos para el país.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) llamó a los senadores a hacer un examen objetivo de la Ley de Seguridad Interior, a la luz del artículo primero constitucional, bajo el principio de que ningún acto de autoridad puede contravenir o poner en entredicho instituciones, libertades y garantías.

El organismo destacó que, entre las recomendaciones a México en el informe de país en 2015, estaba el "desarrollar un plan concreto para el retiro gradual de las Fuerzas Armadas de tareas de seguridad pública y para la recuperación de éstas por parte de las policías civiles" a la par con el fortalecimiento de la capacidad de la policía para realizar tareas de seguridad pública.

Recordó que la experiencia demuestra que la intervención de las fuerzas armadas en tareas de seguridad interna en general viene acompañada de violencia y graves violaciones a los derechos humanos.

"La impunidad que prevalece respecto de los agentes de las Fuerzas Armadas involucrados en casos de violaciones a los derechos humanos", agudiza la preocupación de la Comisión Interamericana.

Además, aseguró, la ley impone "una reserva absoluta sobre la información que se genere lo cual haría nugatoria cualquier expectativa de transparencia"; no se vislumbran "mecanismos reales y efectivos de rendición de cuentas"; se admite "la posibilidad de que las Fuerzas Armadas realicen tareas de investigación y prevención de delitos"; en tanto que se trasgreden "los derechos de reserva y secrecía a favor de las víctimas al obligarse a todas las autoridades a entregar cualquier información que sea requerida en este ámbito". Se deben precisar modelos de operación, tal como han sugerido también expertos de diversas instituciones, y es necesario que las políticas en la materia no se decidan por razones coyunturales o políticas.