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Amnistía pide a CPI investigar "crímenes de lesa humanidad" en Venezuela

18 May 2019
Amnistía pide a CPI investigar

Ejecuciones extrajudiciales, muertes por uso excesivo de la fuerza, detenciones arbitrarias y masivas son algunas de las prácticas detectadas por Amnistía Internacional reportadas en su informe "Hambre de justicia: crímenes de lesa humanidad en Venezuela", que fue presentado en Ciudad de México.

"Como hemos denunciado desde hace años, en Venezuela hay una política sistemática de represión en contra de personas opositoras o quienes son percibidas como tales simplemente por el hecho de protestar, y por la que el gobierno de Nicolás Maduro tendrá que rendir cuentas ante la justicia internacional", apunta Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional. Durante las protestas de enero de 2019, se produjeron 11 ejecuciones extrajudiciales del total de 33 personas que perdieron la vida en esas manifestaciones "a manos de las fuerzas del Estado".

De acuerdo con el informe, los crímenes de Derecho Internacional y violaciones de Derechos Humanos cometidos en enero en torno a la autoproclamación como presidente encargado del titular de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, "fueron llevados a cabo consistentemente en casi todo el país, con un alto nivel de articulación entre los cuerpos de seguridad a nivel nacional y estatal". No sucedieron al azar ni de forma aislada, sino que formaron parte de un ataque previamente planeado y dirigido por las fuerzas de seguridad en contra de personas identificadas o percibidas como opositoras, particularmente en zonas altamente marginalizadas, con la finalidad de neutralizarlas o eliminarlas.

Amnistía Internacional alertó a la Corte Penal Internacional, para estar atento a las prácticas de represión que utiliza la Fuerzas Bolivarianas contra los manifestantes, las cuales podrían considerarse crímenes de lesa humanidad.

A lo largo de esos cinco días, más de 900 personas fueron detenidas de forma arbitraria en prácticamente todos los estados del país.

"Las autoridades hasta el más alto nivel, incluyendo a Nicolás Maduro, supieron de estos hechos públicos y notorios, y no tomaron las medidas necesarias para impedirlas ni para investigarlas", destaca el estudio.

"El contexto de generalidad y sistematicidad en el que se han dado patrones similares en Venezuela en los últimos años hace pensar que los hechos analizados en este informe, así como los patrones ya denunciados en el pasado, configurarían uno de los delitos considerados más graves por la comunidad internacional. Este tipo de crímenes atroces exige la investigación, procesamiento y sanción de aquellas personas responsables, teniendo en cuenta que son imprescriptibles y que habilitan la aplicación de la jurisdicción universal", sostuvo AI en el informe.

Amnistía Internacional, organización no gubernamental de defensa de los derechos humanos, instó al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas a que en su próxima sesión el mes junio designe un panel de investigación, además pidió a la Corte Penal Internacional en La Haya que considere acciones contra el gobierno de Maduro, "Ante las graves violaciones de derechos humanos, escasez de medicina y comida y violencia generalizada", reseña la Voz de América. Aunque la directora de la organización no se posicionó sobre una convocatoria inmediata de elecciones en Venezuela, dijo que respetar los derechos humanos de los venezolanos también implica "su derecho a decidir a su gobierno" en "una elección libre".

En su más reciente reporte la ONG hizo un llamado urgente a todos los Estados a "demostrar su inequívoco apoyo a las víctimas de estos eventos y asegurarse que estos crímenes no queden impunes ... hasta que haya un camino claro hacia la verdad, justica e indemnización, Venezuela continuará enredado en esta seria crisis de derechos humanos y represión".